Una prohibición gubernamental generalizada para que los contratistas gubernamentales utilicen servicios de deslocalización ayudaría mucho a solucionar el problema de la deslocalización (3,5 millones de empleos). Además, si fuera posible que las empresas se unieran al gobierno en este requisito tanto internamente como con socios comerciales (a cambio de exenciones fiscales), la práctica terminaría muy rápido.