Una prohibición gubernamental general contra el uso de servicios de subcontratación por parte de contratistas del gobierno ayudaría mucho a solucionar el problema de la subcontratación (3.5 millones de empleos). Además, si fuera posible que las empresas se unieran al gobierno en este requisito tanto internamente como con socios comerciales (a cambio de desgravaciones fiscales), la práctica terminaría muy rápidamente.